Ciudad de Panamá, Panamá. La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) afirmó hoy que respalda la decisión del Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), de autorizar el procesamiento del material mineralizado de baja ley (baja concentración de cobre), almacenado en el stockpile (pila de material) en el proyecto Cobre Panamá, en el marco de las actividades que hacen parte del ya aprobado Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) del sitio.
A través de un comunicado, la CAMIPA indicó que lo anterior representa, además, una acción concreta de gestión ambiental que permite transformar un pasivo potencial en valor económico para el país, reduciendo los riesgos del almacenamiento prolongado del material.
Por tanto, agrega, esta aprobación constituye un paso técnico, responsable y coherente con las mejores prácticas internacionales, que además genera un impacto económico tangible: Reactivación de miles de empleos directos e indirectos asociados a esta etapa.
“La empresa está ya generando 1,000 nuevos empleos directos y se estima que los Proveedores generarán otros 3,000 nuevos empleos. Generación de ingresos fiscales relevantes e inmediatos para el Estado, en línea con lo observado en 2023, cuando la operación aportó más de US$500 millones en recaudación”, precisa el comunicado.
La CAMIPA también destaca la contribución a la recuperación de las exportaciones nacionales, considerando que la minería llegó a representar alrededor del 75%-78% de las exportaciones del país.
También ponderan la dinamización de muchas de las más de 2,000 empresas proveedoras y MIPYMES que forman parte del ecosistema de suplidores de la mina, y gran parte del interior del país. Una señal positiva a este importante sector de la industria nacional y al inversionista local e internacional.
“Igualmente reiteramos que este tipo de decisiones deben enmarcarse siempre en principios fundamentales que fortalezcan la confianza nacional y las buenas prácticas: Rigurosidad técnica y supervisión ambiental continua; Transparencia y acceso a la información; Seguridad jurídica y reglas claras, y Construcción de licencia social basada en hechos verificables”, subrayó el gremio.
CAMIPA reafirmó su disposición de colaborar con las autoridades, la academia y la sociedad civil interesada para asegurar que cada paso en la gestión del proyecto se realice bajo los más altos estándares técnicos, ambientales y de gobernanza adecuada.
