Ciudad de Panamá, Panamá. En el marco de la creación del Observatorio de Transparencia Judicial, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) realizó un conversatorio para conocer de primera mano los avances de la justicia a raíz del nuevo Código Procesal Civil.
Durante el encuentro, el magistrado Olmedo Arrocha Osorio, presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, informó que el 97% de los expedientes ingresados a octubre de 2025 bajo el nuevo Código Procesal Civil concluyó su primera instancia.
El intercambio forma parte de los esfuerzos para impulsar el Observatorio, incluido en el Plan de Trabajo 2026–2027 del presidente Alberto López Tom y su Junta Directiva. La iniciativa busca establecer un mecanismo técnico, apartidista y permanente de seguimiento al desempeño judicial, con información verificable y accesible a la ciudadanía.
“Queremos contribuir a fortalecer la confianza en la justicia con información verificable, reconociendo los avances e identificando oportunidades de mejora. El Observatorio será un aporte técnico e independiente al servicio de la ciudadanía”, expresó López Tom.
Entre los resultados presentados, Arrocha, quien también preside la Sala Primera de lo Civil, precisó que el 97% corresponde a los casos recibidos durante el primer mes de aplicación de la normativa y que el 3% restante cuenta con una justificación para continuar en trámite.
Añadió que, con corte al 30 de septiembre de 2026, habían ingresado 30,409 expedientes principales bajo el nuevo modelo. Además, se otorgó el 91 % de las 7,442 medidas cautelares solicitadas y se había liquidado el 50% de los aproximadamente 48 mil expedientes heredados del Código Judicial.
Más allá de las cifras, el magistrado destacó que la eficiencia de la justicia civil incide en la competitividad y en las decisiones de inversión, debido al impacto de los conflictos contractuales y comerciales en la gestión de riesgos y las finanzas de las empresas. Subrayó que estos resultados deben acompañarse de una evaluación continua de la aplicación del Código y de la calidad del servicio.
En esa línea, Hernando Abraham Carrasquilla, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señaló que la oralidad exige nuevas competencias profesionales; la digitalización, infraestructura y capacitación; y la celeridad, una gestión judicial moderna.
Durante el conversatorio “Oralidad, digitalización y celeridad: desafíos y resultados del Código Procesal Civil a un año de su vigencia”, enfatizó que la reforma requiere seguimiento, ajustes y voluntad institucional.
