Normas que potencian educación superior y protección del recurso natural de provincias centrales avanzan a tercer debate

De acuerdo con la AN, uno de los proyectos busca crear una Red de Rectores de Universalidades Oficiales…

Ciudad de Panamá, Panamá. La Asamblea Nacional (AN) informó que en la reunión de este lunes se dio la aprobación, en segundo debate, de los proyectos de Leyes 1059 y 1134; el primero eleva la calidad de la educación superior y el segundo va dirigido a reforzar el área de protección hídrica del Río Santa María.

En vías de potenciar e impulsar el fortalecimiento de la educación universitaria oficial y de reforzar la investigación académica, científica y tecnológica, la docencia superior y autonomía universitaria, el pleno legislativo observó con visto bueno el proyecto de Ley 1059, «que crea el Consejo Nacional de Rectores de Universidades Oficiales de Panamá».

La legislación demanda a este organismo que trabaje de modo articulado, coherente y eficaz en la identificación de los problemas de la sociedad, de lo que demandan sus servicios y de la búsqueda de los recursos financieros, humanos y tecnológicos, indispensables para hacer avanzar estos centros de enseñanza superior público.

APRUEBAN UN TEXTO ÚNICO QUE RECOGE TODAS LAS MODIFICACIONES A LA LEY 339

En referencia a la segunda iniciativa pasada a tercer debate, el proyecto 1134, modifica la Ley 339 de 2022, que declara patrimonio natural nacional y área de protección hídrica a la cuenca del río Santa María.

Esta cuenca del Río Santa María tiene un impacto importante en el desarrollo de las provincias centrales; por ello, lo aprobado refuerza la Ley 339 de 16 de noviembre de 2022”, con el objetivo principal de robustecer los mecanismos para proteger el recurso agua, necesaria para la existencia humana.

La iniciativa legislativa establece cuáles actividades pueden realizarse dentro de los límites de la cuenca y las que están prohibidas, que no atenten contra la preservación de este Patrimonio Natural, reconociendo el derecho humano a la propiedad. 

La normativa se discutió luego de recibir una serie de argumentos, por parte de grupos ambientalistas y moradores de las comunidades circundantes a la cuenca, para que se les respetaran sus derechos como habitantes de la zona.

Redacción

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