Diputados aprueban dar apertura a empresas que responden a bienestar colectivo

El diputado Gabriel Silva, proponente, explicó, en su exposición de motivos, que las sociedades que surjan tendrán, de alguna forma, un tipo de fin social…

Ciudad de Panamá, Panamá. La Asamblea Nacional (AN) destacó este lunes que las conocidas empresas de bienestar social en el mundo, con una actividad más allá del lucro o marketing, recibieron el vial, en tercer debate, para registrarse en el país bajo un régimen regulado en el Proyecto de Ley 421, “que crea las empresas de beneficio e interés colectivo».

La AN informó este lunes que lo anterior, lo que permitirá además de llevar esa numeración es la conversión de actuales empresas que no operan en ese sistema híbrido, lucro y responsabilidad social.

 Estas empresas serán supervisadas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la cual mantendrá un registro y que deberá ser público.

 Este régimen empresarial comenzará a implementarse con el objetivo de contribuir a disminuir la pobreza, el desempleo, mejorar los estilos de vida saludable y la conservación del medio ambiente. Unas siete categorías de impacto podrán dedicarse las compañías interesadas.

 El diputado Gabriel Silva, proponente, explicó, en su exposición de motivos, que las sociedades que surjan tendrán, de alguna forma, un tipo de fin social, por ejemplo, explicó, que pueden crearse empresas de zapatos que fabrican calzados con materiales reciclables y contribuyen al ambiente, generan empleos y reactivan la economía, más en estos momentos que realmente se necesita.

 Las empresas de beneficio e interés colectivo son aquellas sociedades mercantiles que tienen como fin la generación de un impacto positivo en la sociedad y en el ambiente, mientras derivan sus ingresos de actividades comerciales como la venta de bienes o servicios.

 Para la creación, se debe cumplir con una serie de obligaciones, como publicar de forma anual su rendición de cuentas de actividades desarrolladas, operar en dos de las categorías impacto tipificadas en la regulación, dando preferencia a la ambiental.

 Deberán dedicarse a categorías laboral, donde se contrate a personas con discapacidad, pobreza extrema o en desempleo.

 En ambiente, su actividad deberá ser el uso adecuado y/o la conservación de energía, vida silvestre, recursos naturales o en el reciclaje y reutilización de desechos.

 En educación, su eje de trabajo será el de mejorar la calidad en el sistema de aprendizaje y/o en promover las artes, ciencias, deportes, cultura y avance del conocimiento.

 En salud, estará enfocada en prevención y/o tratamiento para una población más inmunizada.

 También se disponen categorías para superar pobreza y desigualdad, mejor alimentación y otras que designe el Órgano Ejecutivo.

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