Ciudad de Panamá, Panamá. Panamá fue sede del Diálogo Internacional sobre Extinción de Dominio, “Una Herramienta Eficaz en la Lucha contra el Crimen Organizado”, actividad organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), con el auspicio de la Fundación Espacio Cívico.
El diputado Leandro Ávila, en su calidad de presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN), participó este martes como orador en el acto inaugural de este evento, que tiene como objetivo primordial generar un espacio de diálogo que permita articular el interés y la colaboración de la comunidad internacional en la temática, en torno a la figura de la extinción de dominio, para apoyar al Estado panameño en el proceso de estudio y discusión del proyecto de Ley 625.
El parlamentario dio a conocer a los participantes el informe generado, el periodo pasado, en la Asamblea Nacional, sobre el tema de Extinción de Dominio, que fue producto de un gran foro, donde participaron diferentes jurisconsultos y miembros de la sociedad civil panameña y está avalado con las firmas de los diputados Corina Cano, Juan Diego Vázquez y Crispiano Adames, quienes dirigieron esta subcomisión.
Agregó que, en el foro, se demostró que, de 94 artículos que tiene el proyecto de Ley, cerca de 64 requieren ser modificados para hacer una ley al estilo panameño que no vulnere los derechos humanos ni la presunción de inocencia, pero, que sí tienda a combatir el crimen organizado.
Por su parte, la diputada Corina Cano, quien presidió la subcomisión encargada del estudio al proyecto de ley sobre extinción de dominio, se refirió a los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de modificar el proyecto de ley para que esté acorde con la Constitución Nacional y las leyes vigentes.
Cano resaltó que lo que se busca es presentar, organizar y coordinar las modificaciones que se requieren para poder ajustar el proyecto de ley a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, además de establecer los parámetros de competencia y a quien correspondería asumir la responsabilidad que implica la extinción de dominio, así como el tema presupuestario que dicha ley necesitará.
En la actividad, participaron diputados y funcionarios de la Asamblea Nacional, representantes del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio Público, del Órgano Judicial, y miembros de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.
