Ciudad de Panamá, Panamá. La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado Ricardo Torres, aprobó este martes, en primer debate, el proyecto de Ley 842 «Que modifica una disposición del Código Fiscal, presentado por el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer los aspectos relacionados con la materia de transparencia fiscal internacional y la prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante su intervención, Jorge Almengor, viceministro de Economía y Finanzas, destacó que esta normativa modifica el parágrafo 2 del artículo 318 A del Código Fiscal, que corresponde al tratamiento que se debe dar a las sociedades anónimas que se encuentran registradas como suspendidas en el Registro Público de Panamá.
Manifestó que, en estos momentos, en Panamá existen alrededor de 740 mil sociedades Anónimas, de las cuales, aproximadamente, 400 mil se encuentran suspendidas, lo cual da un resultado de un 55% de sociedades anónimas que se verían afectadas con la aprobación de este proyecto de ley.
De acuerdo con la normativa, uno los mitigadores a nuestro sistema corporativo es hacer cumplir las acciones realizadas por las autoridades competentes, por lo que se requiere la presente modificación, con el fin de crear procedimientos y procesos expeditos para ejecutar las liquidaciones forzosas administrativas y la disolución de las personas jurídicas creadas en la República de Panamá.
Este proyecto, en su articulado, destaca que, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, el Registro Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a la persona jurídica que permanezca sin designar un agente residente por un periodo mayor de noventa días calendario, luego de la renuncia, remoción o terminación de la existencia de su agente residente anterior.
Contempla que suspenderán los derechos corporativos a la persona jurídica a quien incurra en morosidad en el pago de su tasa única, por un periodo de tres años consecutivos, previa orden de la Dirección de General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá.
Para estos efectos, la Dirección de Ingresos remitirán reporte semestrales al Registro Público de Panamá, informando sobre aquellas personas que se encuentran morosas, por tres años consecutivos.
De igual manera, los comisionados aprobaron la creación de una subcomisión, presidida por el diputado Ariel Alba, para analizar y robustecer el proyecto de Ley 807 «Por el cual se establecen sanciones penales para que aquellos funcionarios públicos y directores de entidades estatales que permitan el vencimiento de las fianzas de cumplimiento y garantías en las contrataciones con el Estado”, iniciativa del diputado Roberto Ayala.
De acuerdo con su proponente, se requiere de mecanismos legales que regulen, de manera efectiva, el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esta naturaleza y de aplicar sanciones efectivas a quienes con absoluta irresponsabilidad permitan la violación a las obligaciones contraídas.
Indicó que esta normativa aplicará medidas que deberán garantizar el estricto cumplimiento del derecho a las obligaciones en los contratos, y conlleva a la aplicación de medidas severas, como pueden ser la separación del cargo para aquellos que se le compruebe la falta.
Por su parte, el diputado Ricardo Torres destacó que la subcomisión tendrá hasta el 23 de agosto, para rendir un informe sobre los avances, recomendaciones y proceder con sus respectivos trámites.
Finalmente, a través de un informe de subcomisión, los comisionados aprobaron la negación al proyecto de Ley 599, que modifica y adiciona artículos a la Ley 57 de 2013, propuesto por Jorge Almengor, viceministro de Economía y Finanzas.
Durante la discusión de estas normativas, estuvieron presentes representantes del Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF), de la Dirección General de Ingresos (DGI), funcionarios de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entre otros.
