Ciudad de Panamá, Panamá. Con la participación de representantes del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y de la Procuraduría de la Administración, la subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN) realizó en la mañana de hoy, una reunión técnica para avanzar con el análisis del proyecto de ley N° 710, que establece una escala salarial y categoría de cargos para los profesionales del derecho al servicio del Estado.
El diputado Víctor Castillo, quien preside la subcomisión, integrada también por sus colegas Gabriel Silva y Arnulfo Díaz, explicó que este proyecto de ley contiene y adecúa elementos de una iniciativa legislativa similar que fue vetada «injustamente» en la administración gubernamental anterior.
«Es un proyecto de justicia para los abogados que le prestan servicio al Estado desde diferentes áreas», dijo Castillo al explicar que los aportes externos hechos serán entregados a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que preside Abel Becker, para que se avance en el debate y pueda convertirse en ley de la República.
Solicita mayor participación del MEF
El diputado consideró que no era justa que bajo la premisa de conflictos de intereses no se establezca un escalafón laboral para estos abogados y pidió que, en la medida que el debate avance, los presentantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estén presentes para que hagan sus aportes.
Y es que según Castillo, cada ministerio o entidad estatal debe disponer de una partida en su presupuesto que establezca la escala salarial de los abogados que allí laboren.
Por su parte, Carlos Castillero, en representación del CNA, consideró que el proyecto le hace honor a la igualdad al establecer una categorización a los abogados que sirven al Estado, además de promover una academización de estos.
Indicó que es importante que la futura ley deje claro los requisitos que aplicarán a estos profesionales, como que sean de nacionalidad panameña, con títulos de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, con idoneidad emitida por la Corte Suprema de Justicia y no haber sido sancionados por faltas a la ética.
«Nos garantiza a los abogados estabilidad y avance, además de que acortan las brechas que existen en el Estado, como empleador», concluyó Castillero.
La AN informó que en las próximas horas el proyecto sería entregado a la comisión.
