Ciudad de Panamá, Panamá. Mediante nota presentada en el Palacio de las Garzas este martes, la diputada del opositor partido Cambio Democrático (CD), Mayín Correa solicitó al Presidente Laurentino Cortizo que vete la ley que permite el cultivo y exportación del cannabis.
La diputada Correa está a favor del uso medicinal de la marihuana importada, pero señala los peligros inherentes a ésta actividad por la alta criminalidad y la falta de seguridad en Panamá.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pasado 30 de agosto en tercer debate el proyecto de ley No.153, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, pero se impidió la participación de la Diputada Correa.
“Estoy a favor de la utilización del Cannabis, con fines medicinales, dado que se ha demostrado científicamente sus bondades terapéuticas”, indicó la Diputada Correa, pero, agregó que “hay aspectos de esta ley que me parecen inconvenientes y peligrosos, razón por la cual mi intención era votar en contra de la misma, pero no se me permitió”.
La Diputada se refirió a la falta de seguridad y la criminalidad: “Es un hecho público y notorio la débil institucionalidad y la corrupción rampante en los estamentos de seguridad existente en el país, por lo que cultivar marihuana en tierras locales se presta para todo tipo de ilegalidades habida cuenta que estos estamentos muchas veces están involucrados en actividades delictivas y de narcotráfico, tal como han demostrado operaciones policiales como “Fusión” en la que fueron capturados diversos componentes de los estamentos de seguridad, miembros del Senan y del SPI”.
Correa hizo una denuncia sobre una supuesta empresa que ya tiene marihuana sembrada y solicita al Presidente que ordene una investigación: “presuntamente la empresa Canna Med Panamá, está promocionando el cultivo de cannabis medicinal y que son ese fin tienen 40.5 hectáreas en la isla San José. Esto debe ser investigado señor Presidente”.
La diputada Correa puntualizó al Mandatario Cortizo: “le solicito muy respetuosamente, que cuando dicho proyecto llegue al Órgano Ejecutivo, en virtud de su prerrogativa constitucional lo declare inexequible e inconveniente y que el mismo sea devuelto a la Asamblea de Diputados para que sea nuevamente discutido”.
