Ciudad de Panamá, Panamá. El proyecto de Ley 281, fue aprobado este miércoles de forma unánime por los diputados de la Asamblea Nacional (AN) en tercer debate, un documento que mandata a gran parte de los ministerios e instituciones del Estado para que adopten medidas concretas a fin de aliviar la situación de salud y económica que atraviesan miles de panameños a raíz de la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus.
Un boletín de prensa de la AN, indica que, en lo general, la norma aprobada busca establecer las medidas a aplicar frente a la declaratoria de emergencia nacional sanitaria, de manera que cada autoridad competente adopte medidas específicas en las distintas áreas del país cuando así lo consideren necesario.
El proyecto de Ley 281, que consta de 23 artículos, permite al Consejo de Gabinete ordenar, entre otras acciones, medidas de contención laboral, educativa, comercial, esparcimiento público; acciones para asegurar el suministro de bienes y servicios necesario para proteger la salud pública, así como garantizar el suministro de calidad de los servicios públicos, entre otras.
Al Ministerio de Salud (MINSA), junto con la Secretaría Nacional de Descentralización y los gobiernos locales tendrán la responsabilidad de adquirir los productos necesarios para evitar la propagación del virus que afecta, no solo a Panamá, sino al mundo.
La iniciativa, que ahora queda a espera de la sanción presidencial, insta a los empleadores a fomentar el Teletrabajo y al gobierno a promover incentivos fiscales para las empresas que opten por no reducir la planilla.
También, se ordena mediante esta ley al Órgano Ejecutivo suspender las partidas del Presupuesto del Estado para los viajes de los funcionarios al extranjero y al interior de la República, exceptuando de esta medida quienes tengan que movilizarse para la atención que requiera la emergencia nacional.
A la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), se le responsabiliza a velar para que a ninguna familia se le suspenda el suministro de los servicios públicos, incluyendo todo lo que tiene relación con las telecomunicaciones. En tanto que, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Superintendencia de Bancos se le establece adoptar las regulaciones correspondientes y mecanismos para flexibilizar temporalmente los compromisos con la banca, a través de una moratoria en préstamos personales, comercial y agropecuario.
En este sentido, se establece una moratoria especial para los créditos agropecuarios por un año, cuyos intereses serán cubiertos por el Fondo Especial de Compensación de Intereses.
El documento, también establece responsabilidades al Ministerio de Educación en lo que concierne a la recuperación de la carga académica y promover el uso de las tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje.
Igualmente, ordena al sistema judicial adoptar medidas como suspender los términos e interrumpir los plazos previstos en las leyes para todos los procesos jurisdiccionales y administrativos.
El Ministerio de Comercio y la ADOCEDO, tendrán la responsabilidad de velar para que haya abastecimientos de productos y garantizar el funcionamiento de los centros de producción, de los productos necesarios para la protección de la salud pública.
La norma, propuesta por la diputada Ana Giselle Rosas, fue aprobada por unanimidad por parte de todas las bancadas representadas en el Parlamento Nacional.
En tanto que el MINSA, el MICI, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Cultura y PanDeportes velarán para que se cumpla con la medida de suspender la apertura de Locales y establecimientos comerciales donde se desarrollen espectáculos públicos de un número mayor de 50 personas, cultos, ceremonias religiosas y civiles y actos deportivos, entre otros.
Proyecto de Ley 295 ya fue aprobado para ayudar a las familias
Cabe destacar que la AN aprobó el martes, el proyecto de Ley 295, mediante el cual se brinda un apoyo social a los panameños que han sido afectados en sus ingresos por efecto de la emergencia sanitaria, decretando la suspensión temporal por cuatro meses del pago de los servicios de energía eléctrica, telefonía fija, móvil e internet.
La norma, que igualmente fue apoyada por todas las bancadas del parlamento panameño, busca beneficiar, principalmente, a las familias cuyos ingresos familiares sea menor de los dos mil balboas mensuales; que el ingreso haya sido reducido; que la persona se le haya suspendido su contrato laboral; que la persona haya sido destituida o que no esté trabajando y los jubilados y pensionados.
También se podrán acoger a este beneficio los trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas, que hayan sido afectados en sus ingresos, así como los dueños de restaurantes, bares, casinos, medios de transporte público y privado, afectados a raíz de la pandemia.
