Ciudad de Panamá, Panamá. El proyecto de Ley 280 que establece el carácter público de las declaraciones de bienes patrimoniales de altos cargos públicos, presentado por la diputada Mayín Correa el 31 de octubre de 2019, fue prohijado este miércoles por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila.
La iniciativa “Adiciona un numeral al artículo 14 y el artículo 16-A a la Ley 6 de 22 de enero de 2002 Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la Acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones”.
Actualmente, en ninguna parte de la excerta constitucional, se establece que esta declaración de bienes que deben presentar los prenombrados funcionarios al iniciar o cesar en el cargo, debe tener un carácter secreto o restringido; ni siquiera la Ley 6 de enero de 2002 Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la Acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones, señala expresamente, el carácter restringido y confidencia de la tal declaración de bienes.
“En un país como el nuestro”, explicó la Diputada Correa, “donde son frecuentes las denuncias públicas de corrupción de altos funcionarios, es saludable que los que ocupan los cargos descritos en el artículo 304 de la norma constitucional, hagan público y sin ningún tipo de cortapisa su estado patrimonial”.
La diputada indicó que “en aras de la transparencia que debe presidir la actuación del funcionario, cualquiera sea el cargo que ostente, se hace imperante que la ciudadanía, conozca el estado patrimonial de los funcionarios al momento de ejercer su cargo, y luego de separarse del mismo”.
“Le envié una carta al Contralor Federico Humbert”, manifestó la Correa, “solicitándole la declaración jurada y el estado patrimonial del ex presidente Juan Carlos Varela, y de su ex vicepresidenta Isabel De Saint Malo”.
El Contralor Humbert respondió con un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sentencia del 12 de mayo de 2009, señaló que la declaración jurada del estado patrimonial era confidencial y secreta.
Seguidamente, la diputada consultó al Procurador de la Administración, Rigoberto González, después de recibir la respuesta de Humbert, y el funcionario respondió que la Constitución establece que la declaración de los bienes patrimoniales de los funcionarios tiene carácter público.
“Dos miembros nuevos de la Corte Suprema, declararon a los medios de comunicación, que esas declaraciones son públicas, porque es una norma constitucional”, dijo Correa.
“Al final, no tengo la información del patrimonio de los funcionarios que solicite y por lo que veo no los voy a recibir, porque, según Humbert, hay un fallo del 2009; según la Corte Suprema ese fallo no debe existir”, sentenció.
La diputada agradeció el voto favorable de todos los miembros de la Comisión y de los diputados Gabriel Silva y Miguel Fanovich quienes apoyaron el proyecto.
