Llamado a consulta popular por tema minero pasa a segundo debate

Dicha consulta se realizará el domingo 17 de diciembre de 2023 y los ciudadanos contestarán la siguiente pregunta: «¿Debe el Estado terminar el contrato de concesión minera con la empresa Minera Panamá, S.A. y derogarse la Ley 406 de 20 de octubre de 2023? SI o No».

Ciudad de Panamá, Panamá. Con el fin de darle participación a más de 3 millones de panameños habilitados en el padrón electoral, para que emitan su opinión con respecto a la vigencia o no del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, los diputados miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron este martes, en primer debate, el proyecto de ley 1109, con esta finalidad.

La iniciativa “Convoca a una consulta popular para adoptar una decisión sobre la terminación o no del contrato de concesión minera entre el Estado y la Minera Panamá, S.A., para operar la Mina de Cobre Panamá, aprobado mediante la Ley 406 de 2023”.

El presidente de la comisión, diputado Leandro Ávila, explicó que al proyecto 1109, presentado ante la Asamblea Nacional por el ministro de Gobierno, Roger Tejada, se le agregó un 90 % de las propuestas presentadas por los magistrados del Tribunal Electoral (TE), quienes estuvieron presentes, durante el primer debate.

En virtud de ese aporte, el proyecto plantea, en su primer artículo, que se ordena al Te que someta a consulta popular la decisión sobre la terminación o no del contrato ley, para lo cual se le faculta a que lo organice y reglamente.

Dicha consulta se realizará el domingo 17 de diciembre de 2023 y los ciudadanos contestarán la siguiente pregunta: «¿Debe el Estado terminar el contrato de concesión minera con la empresa Minera Panamá, S.A. y derogarse la Ley 406 de 20 de octubre de 2023? SI o No».

También, se plantea, en el artículo 7 del proyecto de ley, que los resultados de la consulta deben ser acatados por el Órgano Ejecutivo, el cual, para la realización de este ejercicio democrático, debe proporcionar, con carácter de urgencia, los recursos presupuestarios necesarios para llevar a cabo la consulta.

Redacción

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