Ciudad de Panamá, Panamá. En medio de opiniones encontradas y un debate sobre legalidad, el Órgano Ejecutivo promulgó este viernes en la Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo número 612 que establece las disposiciones para el levantamiento gradual de las restricciones señaladas en el decreto que prohíbe la venta, distribución y consumo de licor, vigente desde el pasado 24 de marzo, conocido como ley seca.
A través del citado Decreto, se autoriza la distribución venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, bajo los siguientes y parámetros y restricciones: la venta solo podrá realizarse en los establecimientos comerciales que cuenten con la debida autorización para el expendio de este tipo de productos.
El gobierno dejó claro que queda prohibido el uso del bono solidario o cualquier otro tipo de subsidio otorgado por el Estado para la compra de bebidas alcohólicas.
Solo se permitirá la venta al detal y envase cerrado para el consumo personal y domiciliario, dentro del marco de las restricciones de movilidad vigentes.
El Decreto establece que solo se podrá vender o despachar por persona seis unidades de cerveza, una botella de vino o licor de cualquier tipo. Los restaurantes que ofrezcan servicio a domicilio, solo se permitirá una unidad por pedido.
Se prohíbe la distribución venta y consumo en las comunidades, regiones o provincias que a la fecha de entrada en vigencia del decreto estén bajo cerco sanitario y las que en el futuro entren en esta condición.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) velarán por el cumplimiento de las normas establecidas en el Decreto.
El Ministerio de Salud (MINSA) ha recalcado que se mantiene la prohibición de todo tipo de reuniones; y especialmente el consumo de licor en la vía pública, en cualquier punto de la República de Panamá.
La llamada ley seca había sido aprobaba mediante el Decreto Ejecutivo 507 de 24 de marzo, el cual indica, en su artículo 7, la prohibición, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, mientras dure el estado de emergencia nacionales.
Alcaldes rechazan la medida y abogados debaten sobre legalidad
Desde que el MINSA anunció a mediados de esta semana, que se levantaría la Ley Seca, alcaldes de diversos puntos del país expresaron su preocupación por la medida. Así, a través de un comunicado, la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) rechazó la decisión del levantamiento de la Ley Seca (Decreto Ejecutivo 507 de 24 de marzo de 2020) que anunció el MINSA sería haría desde este 8 de mayo de manera gradual.
En el comunicado, los alcaldes de los 81 distritos congregados en la AMUPA expresaron su preocupación y advirtieron que el levantamiento de la ley seca no es pertinente, ya que, señalan, en estos momentos hay otras prioridades en el país afectado por la pandemia.
Es más, el alcalde de Montijo y presidente de la AMUPA, quien suscribió el comunicado, indicó que antes de ser publicada la reactivación de la Ley Seca a nivel nacional, ellos ya habían decidido en los diferentes municipios la restricción del consumo y la venta de alcohol durante la cuarentena.
«Considerando que el consumo de bebidas alcohólicas durante el confinamiento debido a la cuarentena puede desencadenar situaciones como: la alteración del orden público, violencia intrafamiliar y ser más perjudicial para los distritos que cuentan con muy pocas unidades policiales, quienes han estado realizando una excelente labor, sin embargo, el levantamiento de la ley puede complicarles mucho más su trabajo», plantea el comunicado de la AMUPA, como justificación por la cual, advirtieron, no levantarán la Ley Seca.
Con este escenario, el debate o polémica no ha tardado en surgir. Y la principal pregunta que ha generado respuestas de diversos juristas ha sido: ¿pueden los municipios pasar por alto una decisión del Ejecutivo?
Sobre el tema, en un breve video que circuló por redes sociales, el abogado Ernesto Cedeño calificó de “increíble” que, habiendo una “estructura jurídica de prioridades”, esté en discusión si algunos alcaldes acatarán o no una decisión del Ejecutivo de levantar la Ley Seca.
“Algunos municipios de la República de Panamá han dicho que le van a hacer caso omiso a esa decisión. Esto es algo increíble que pase en la República de Panamá porque la Ley 38 del 2000, en el artículo 35 establece una estructura jurídica de prioridades en donde las decisiones el poder Ejecutivo están por encima de los acuerdos municipales y/o decretos alcaldicios”, sostuvo Cedeño.
Agregó que, “en un Estado de Derecho, aunque no te guste una decisión del Ejecutivo debes acatarla. Tú como alcalde puedes ejecutar las normas que establece el Consejo Municipal que está muy por debajo de lo que establece el poder Ejecutivo, la Constitución y las leyes.’Dura lex, sed lex’ –dura es la ley, pero es la ley-“, sentenció el jurista.
Por el parte, el abogado Miguel Antonio Bernal explicó que en Panamá, con gobierno presidencialista y con concentración de poderes, la Constitución establece en su Título Octavo el Régimen Municipal y Provincial, cuyo Capítulo 2, trata sobre el Régimen Municipal y que establece en el artículo 234 que las autoridades municipales tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la República, los decretos y órdenes del Ejecutivo y las resoluciones de los Tribunales de Justicia Ordinaria y Administrativa.
No obstante, dijo que dentro de las “antinomias” que se encuentran en la Constitución, “el 242 establece cuáles son las funciones del Consejo Municipal que, sin perjuicio de otras que la ley señale, pueden expedir, modificar, reformar y derogar acuerdos y resoluciones municipales” en lo referente a (…), entonces viene 9 numerales que establecen esas funciones del Consejo Municipal y también señala allí que los acuerdos municipales tienen fuerza de ley dentro del respectivo municipio”.
Para Bernal, a raíz de lo planteado en la Carga Magna, “se da un choque de interpretación”, dado que, por un lado, el Ejecutivo dicta una resolución o un decreto que los municipios, con base a su autonomía municipal, son los que deben acordar o decidir, y choca con la decisión que ha tomado el gobierno central en cuanto al levantamiento de las medidas de establecer la mal llama Ley Seca.
El catedrático advirtió que la decisión de levantar la Ley Seca, “jurídicamente hablando, fue una decisión del gobierno central en flagrante violación de la Constitución porque debieron realizarla en un acuerdo con los municipios”.
“Entonces, en mi modesta opinión, dado que los acuerdos municipales tienen fuerza de ley dentro del respectivo municipio, el distrito que dicte un acuerdo municipal estableciendo la no venta de licores dentro de su municipio tienen la razón frente a la resolución o la decisión o como se llame lo que haya decidido en este caso el gobierno central. Aquí se abre un debate, se abre una discusión en que la decisión le corresponderá entonces en última instancia a estos señores bueno a nada que se llama Corte Suprema de Justicia”, afirmó.
Al debate jurídico se sumó también el abogado Luis Fuentes Montenegro quien, en su opinión, no encuentra ninguna contradicción entre el Decreto Ejecutivo, que suspende la llamada Ley Seca y los resueltos alcaldicios que prorrogan la misma en sus diferentes circunscripciones municipales.
Explicó que el Decreto Ejecutivo plantea una situación general y en su contenido da paso, per se, para que en cada uno de los diferentes distritos, se puedan aplicar normativas municipales, ya sea manteniendo la llamada Ley Seca o suspendiéndose.
“No se trata de ningún tema de jerarquía normativa, ni de hacer alardes de la famosa Pirámide de Kelsen, sosteniéndose que la norma municipal o alcaldicia posee valor inferior a la norma de un Decreto Ejecutivo o de Gabinete, eso es lección básica que todo estudiante de derecho debe saber”, aportó. “Hay que tener en cuenta que el régimen municipal, tiene amparo constitucional, tal como es obvio según los artículos del Título VIII y en particular del Capítulo 2 de la Carta Magna”, dijo.
Cabe destacar que por parte de sectores políticos, el presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux instó al gobierno del presidente Laurentino Cortizo a coordinar medidas como el levantamiento de la ley seca.
“De comentarios que recibo es evidente que gobierno no ha coordinado ni consultado con autoridades locales ni en levantamiento de Ley Seca ni otros temas. Recomendación al ejecutivo: coordinar medidas con autoridades locales que no todos los corregimientos/distritos son iguales”, publicó Roux en su cuenta de Twitter.
De comentarios que recibo es evidente que gobierno no ha coordinado ni consultado con autoridades locales ni en levantamiento de Ley Seca ni otros temas. Recomendación al ejecutivo: coordinar medidas con autoridades locales que no todos los corregimientos/distritos son iguales.
— Rómulo Roux (@romuloroux) May 7, 2020
