Ciudad de Panamá, Panamá. A través de un comunicado al país, la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), organismo que reúne a los 12 Congresos y Consejos, representado por las máximas Autoridades Tradicionales de los siete pueblos originarios de Panamá, exigió este viernes a la titular del Ministerio de Gobierno (Mingob) “verificar” las actuaciones de funcionarios de esta entidad en torno al trato y manejo de conflictos en regiones indígenas.
“Exigimos a la Señora Ministra de Gobierno Janaina Tewaney verificar las actuaciones de altos funcionarios de su institución referente al trato y manejo de los conflictos en las regiones indígenas y la relación con las autoridades en los territorios”, planteó la COONAPIP, en el comunicado.
Señalan que para las autoridades de la COONAPIP es inaceptable que el Secretario General del Mingob, Cristóbal Tuñón, “promueva acciones desarticuladas mediante visitas y reuniones individuales en los territorios indígenas, sin la debida coordinación con las autoridades legítimas, desconociendo las leyes comarcales e irrespetando la autoridad de los caciques y presidentes de los congresos legalmente reconocidos, al reunirse con dirigentes que no cuentan con la legitimidad y certificación del propio organismo regente que es el viceministerio de asuntos indígenas”.
COONAPIP manifiesta que, como organización que vela por los intereses y derechos de los pueblos indígenas, ve con preocupación que parte del equipo Ministerial prefiere reunirse con “seudos” dirigentes comarcales, mismos que no representan a nadie y que han propiciado la ingobernabilidad en los territorios, como el caso de la Comarca Ngobe Buglé, Comarca Emberá- Wounaan y Tierras Colectivas, “creando un ambiente de desconfianza y falta de transparencia en los procesos y mecanismos de consulta previa, libre e informada entre los pueblos originarios”.
Denunciaron que otra acción del Secretario General del Mingob, Cristóbal Tuñón, que preocupa a la COONAPIP, es el hecho de que este funcionario actúe y realice acciones en los territorios sin la coordinación con el Viceministerio de Asuntos Indígenas, como ente principal que promueve y atiende las políticas y directrices de gobernabilidad en los territorios indígenas.
“Las autoridades de la COONAPIP piden que se respete la autoridad del Viceministerio de Asuntos Indígenas y de una vez por todas se pongan de acuerdo ambas instancias para conducir una armónica coordinación de acciones, en especial si se trata de proyectos inherentes al Plan De Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 202 y 203, que crea el Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el cual las 12 estructuras de gobierno tradicional tienen la última palabra, sin olvidar que por este Plan de Desarrollo fue derramada la sangre de nuestros hermanos indígenas, no ha sido una dádiva”, precisa la COONAPIP.
La organización lamentó que los Dos Millones de dólares aprobados por el Consejo nacional de desarrollo de los Pueblos Indígenas para apoyar con carácter de «urgencia» la lucha para frenar la pandemia en los territorios mediante la compra y abastecimiento de insumos en los puestos y centros de salud como paliativo para enfrentar el COVID-19, aún no se haya ejecutado y se haya desestimado la participación de las autoridades tradicionales en su coordinación, relegando a segundo plano al Vice Ministerio de Asuntos Indígenas, sin ofrecer las debidas explicaciones al Consejo Nacional De Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONDIPI).
“La COONAPIP deja claro su respaldo irrestricto al Viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacio y se mantiene en estado de alerta y vigilante ante las actuaciones institucionales con relación a los territorios, sobre todo en esta dura crisis de la pandemia de la COVID-19 que afecta al país, lo que exige actuaciones que no desvirtúen los propósitos del ministerio, que es garantizar la gobernabilidad dentro del territorio nacional”, señala.
En otro tema, la COONAPIP exige una “explicación y sanciones ejemplares por la grave violación a los derechos humanos cometidos por el Gobernador de la Provincia de Darién Alvaro Bristán y el Director Regional de Salud del Darién, Juan Rosales, quienes el pasado 31 de julio, atentaron contra la salud de más de 25 indígenas del Distrito de Sambú, Comarca Emberá”, quienes fueron retenidos y privados de su libertad por órdenes de estos dos funcionarios darienitas, que no los dejaron pasar del retén de Aguas Frías hacia sus territorios, siendo ellos parte de un viaje humanitario y que habían salido de Panamá a sus territorios, cumpliendo con todos los protocolos de salud y contaban con sus respectivos salvo conductos, sin embargo, fueron regresados a Panamá en una abierta muestra de discriminación y abuso de autoridad.
“Las autoridades de la COONAPIP, a través de su fiscal piden al Presidente de la República Laurentino Cortizo atender la preocupación de los pueblos indígenas y respetar los compromisos adquiridos con todas las autoridades tradicionales en el CONDIPI y respetar igualmente las leyes comarcales que rigen los territorios y los mecanismos que regulan la relación con el gobierno y los pueblos indígenas; que si no se corrigen las actuaciones fuera de ley, podrá traer fuertes consecuencias, entre ellas, la posibilidad de retiro de los congresos y consejos del plan de desarrollo y otras acciones de mayor presión que están siendo consideradas”, concluyó la COONAPIP.
