Ciudad de Panamá, Panamá. La Contraloría General de la República (CGR) anunció este viernes la sanción administrativa de una funcionaria de la institución por su “manejo” en una compra de la Asamblea Nacional (AN), con la que se pretendía adquirir mascarillas a un precio de B/.2.50 la unidad.
Ante el hecho, el contralor Gerardo Solís, citó al Director Nacional de Fiscalización y a la fiscalizadora de la CGR en la AN a quien, luego de rendir su informe, se le comunicó de la suspensión por tres días de sus funciones como “sanción administrativa”, ante el manejo en la compra de 7 mil mascarillas para uso del Órgano Legislativo.
Además de la medida administrativa, Solís instruyó negar el pago, hasta tanto “se ajuste el precio de la adquisición”, ya que actualmente no es justo y razonable, a la ve que ordenaron correctivos administrativos para que la situación no se repita.
Un boletín de prensa de la Contraloría, destacó que la funcionaria, con más de 35 años de servicio en la Contraloría, “se sintió sorprendida en su buena fe” al tomar la decisión “ante la presión de la urgencia necesaria” para la seguridad de diputados y personal administrativo de la Asamblea Nacional (AN).
Tras este hecho, la CGR espera que esta sanción “sea ejemplo” para el resto de los fiscalizadores para “mantenerse firmes en la salvaguarda de los recursos y bienes de de la nación y no sucumbir ante lo rutinario ni presiones de ningún funcionario u órgano del Estado”.
El contralor Solís agradeció una vez más tanto la denuncia ciudadana como la labor de los medios de comunicación por la denuncia ante la adquisición de 7 mil mascarillas protectoras para el Órgano Legislativo por un precio unitario de B/.2.50 para un monto global de 18 mil balboas, incluyendo impuestos que no serán pagados.
