Ciudad de Panamá, Panamá. La Asamblea Nacional (AN) destacó este lunes que, aunado a un Sistema de Garantías y de Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia, se crea, por una nueva iniciativa legislativa, el marco jurídico que establece los juzgados municipales de menores, y su entrada, sin formalismo, a ese estado de justicia.
Con esta normativa, aprobada, en tercer debate, con el aval de 37 diputados, se crearán en el distrito de Panamá dos Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia; no obstante, el pleno de la Corte Suprema podrá crear otros juzgados adicionales que considere con carácter permanente o temporal.
De acuerdo con el contenido del Proyecto 569, que establece el Sistema Judicial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, se garantiza sus derechos plenos, elevando el interés superior del niño, en defensa de su integridad y desarrollo como individuo.
Previamente, el primer órgano del Estado expresó con la aprobación del Proyecto de Ley 567, que crea un Sistema de Garantías y de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, un reordenamiento de todas las instituciones de familia y de seguridad ciudadana de cuidarlos y contribuir a sus necesidades como seres humanos vulnerables.
La norma, hoy Ley de la República, fue aplaudida por la UNICEF, ya que establece la obligación estatal de reconocer el interés superior del menor y no dejar esa responsabilidad en un solo ente, como era la Secretaría Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (SENNIAF).
Este marco legal se ajustará a las normas de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por el país, en referencia a que todos los habitantes de la nación tendrán derecho a acceder a los jueces y tribunales, en la forma y los plazos determinados por la ley, con excepción de los niños cuyo acceso a la justicia no estará sujeto a forma.
Para la diputada Corina Cano, se cierra el círculo jurisdiccional de protección y respaldo a toda la población de niños, luego de más de dos años legislando y afinando ese instrumento legal de justica hacia el grupo vulnerable que representan los menores de edad.
Asimismo, la legislación ordena que el servicio público de justicia será gratuito, por tanto, la actuación procesal no causará un tributo para quien en ella interviene.
Así entendido, las certificaciones y demás documentos del Registro Civil, y de cualquier otra autoridad que sirva de medio de prueba en el proceso, no estará sujeta a ningún tipo de tasas.
De igual forma, los jueces que se nombren tendrán estabilidad en sus cargos al facilitar sus desempeños siempre apegado a la Ley de Probidad y al principio de juez natural.
A los niños, niñas y adolescentes se les respetará su identidad, privacidad, honor y pensamiento. Adicional, que los menores tendrán el derecho a la protección y confidencialidad de sus datos e información personal. Sólo tendrán derecho a la información sus padres, tutores, terceros autorizados y autoridades competentes.
