Ciudad de Panamá, Panamá. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de $40 millones para realizar mejoras en la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación de las personas con discapacidad y sus familias, con el objetivo de apoyar y fortalecer su inclusión social en Panamá.
Con este préstamo se incrementará la eficiencia de los sistemas de identificación y certificación de la discapacidad. También será posible expandir los servicios de diagnóstico temprano y rehabilitación y se contribuirá a mejorar la calidad de los servicios educativos disponibles para los estudiantes con discapacidad.
En total, se beneficiarán estudiantes con discapacidad en 477 centros educativos de áreas rurales del país.
El préstamo se divide en 4 componentes principales que son: La medición y valoración de la discapacidad, Aumento en la cobertura y calidad del diagnóstico temprano y rehabilitación, Fortalecimiento del modelo de educación inclusiva y Promoción de la autonomía de las personas con discapacidad.
Se estima que casi un 8% de la población panameña presenta algún tipo de discapacidad. La prevalencia es más alta en áreas rurales que en urbanas, es mayor en las mujeres que en los hombres y afecta de manera especial a la población mayor de 65 años.
Las personas con discapacidad tienen más altas tasas de pobreza, debido a una menor participación laboral e ingresos y a los costos asociados a la asistencia personal, transporte, salud y apoyos técnicos. En Panamá, los hogares que tienen al menos un integrante con discapacidad tienen mayor probabilidad de estar en los dos quintiles más bajos de ingreso en comparación con hogares sin personas con discapacidad.
El crédito del BID, será ejecutado por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos de esta Secretaría y tiene un plazo de amortización de 15 años, un periodo de gracia de 5 años y medio, y una tasa de interés basada en Libor.
El préstamo será sometido a la aprobación del consejo de gabinete para su posterior refrendo de la Contraloría General de la República.
