Ciudad de Panamá, Panamá. Este miércoles, en su tercer debate, los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron el Proyecto de Ley 28, que crea penas de cárcel y multas a los funcionarios que dejen perder obras públicas, una iniciativa que fue propuesta por la diputada del opositor partido Cambio Democrático (CD), Mayin Correa.
Ahora corresponde al Presidente Laurentino Cortizo sancionar la Ley, en los próximos 30 días, y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial.
Los diputados de la AN dieron voto favorable al proyecto que pone fin al relajo de la paralización de obras por capricho político o negligencia.
La propuesta tenía un año de ser presentada por la diputada Mayin Correa, quien logró el apoyo mayoritario de diputados de todas las bancadas legislativas y de los «independientes».
Correa tuvo palabras muy emotivas y en un momento de su intervención se le quebró la voz afirmando que parar las obras es una acción contra la gente humilde que necesita de hospitales como la ciudad hospitalaria abandonada durante la administración de Juan Carlos Varela.
Sanción de acuerdo al monto de obras
El funcionario o servidor público que paralice una obra licitada ocasionando deterioro significativo podrá ser sancionado hasta con 8 años de prisión si la cuantía supera los 500 mil balboas.
Así lo establece el artículo 365 A del proyecto de Ley # 28, que adiciona disposiciones al Código Penal relativas a paralización y deterioro de obras públicas, aprobado en tercer debate.
El artículo nuevo 365 A también indica que si quien ordena la paralización es un superior jerárquico, la pena para este será de 5 a 10 años de prisión sin importar la cuantía.
Correa destacó que su propuesta de adicionar artículos nuevos al Código Penal va encaminada a sancionar a aquellos servidores públicos que, con dolo, culpa o por inobservancia en el ejercicio de sus funciones, ocasionen la pérdida por la paralización de obras financiadas, total o parcialmente, con fondos públicos.
Entre las obras que se mencionan están los hospitales, escuelas, viviendas, acueductos y alcantarillados, mercados de abastos, carreteras, servicios públicos, como electricidad, agua, gas o telecomunicaciones, administrados por instituciones del Estado o donde éste tenga participación accionaria.
Correa manifestó que la probidad, honradez, responsabilidad y capacidad, son valores que deben imperar en la conducta del servidor público en el ejercicio de sus funciones, ya que son garantías para un eficiente servicio público a la sociedad en su conjunto.
El documento en su exposición de motivos indica que cuando se falta al necesario deber del cuidado o se incurre en manifiesta ineptitud en la administración y/o construcción de obras públicas, estas conductas contribuyen a la pérdida y despilfarro de los caudales estatales.
Los parlamentarios apoyaron el documento y destacaron que la obra de la Ciudad Hospitalaria nunca debió paralizarse.
Esta iniciativa, agregó, debe ser sancionada para que sean ejemplarizados penalmente los que hacen despilfarros con los dineros del Estado.
La diputada @CorreaMayin en el tercer debate del proyecto de ley 028 que adiciona disposiciones al código penal, relativas a la paralización y deterioro de obras públicas.
— asambleareplay (@asambleareplay) August 26, 2020
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