Ciudad de Panamá, Panamá. Tras 17 años de la masacre de indígenas panameños en Paya y Púcuro, corregimientos del distrito de Pinogana en la provincia de Darién, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) aguarda la esperanza de que el violento ataque a estas comunidades no queden impune, mucho menos los brutales asesinatos de 4 nativos de la etnia guna a manos de elementos paramilitares colombianos.
El abogado indígena de la COONAPIP, Héctor Huertas confirmó a Pulso Mundial News (PMN) que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha iniciado sendas diligencias para que, tanto Panamá como Colombia, respondan por este hecho ocurrido en la tarde del sábado 18 de enero de 2003, y que levantó la indignación de los panameños.
“Al final presentamos en el 2015 una petición a la Comisión (CIDH) por la vida e integridad física de estos señores (asesinados) y contra el Estado panameño y el Estado colombiano. La Comisión dividió los casos, uno por el tema del acceso a la justicia contra el Estado panameño y, dos, por la integridad física de los fallecidos, contra el Estado Colombiano”, informó Huertas, uno de los abogados gestores de la solicitud ante la entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
PMN tuvo acceso a las misivas (REF: Masacre de Paya / P-79-15 / Panamá y REF: Masacre de Paya / P-80-15 / Colombia) con las que la CIDH ha dado un plazo determinado para que Panamá y Colombia “presenten sus observaciones”.
Nota CIDH, Panamá.
“(…) se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de 4 meses, contados desde la fecha de transmisión de la presente comunicación, para que presente sus observaciones, conforme al artículo 30(3) del Reglamento de la CIDH. Asimismo, se advirtió la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórrogas que excedan el plazo arriba indicado, de conformidad con el artículo 30(3) del Reglamento de la CIDH”, precisa las misivas con fecha del 6 de febrero de 2020.
“Asimismo, se le informa que con base en lo previsto en el artículo 40(1) del Reglamento de la Comisión Interamericana, en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de los peticionarios y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en el Convención Americana, la Declaración Americana u otros instrumentos aplicables”, señala parte de las misivas de la CIDH, firmada por Marisol Blanchard, Secretaria Ejecutiva Adjunta.
Recuerdos de un hecho repudiable
La masacre de los indígenas ocurrió a más de un año de finalizar la administración de la ex presidenta Mireya Moscoso (1 de septiembre de 1999 – 1 de septiembre de 2004).
El abogado Huertas recuerda con pesar lo sucedido y relata su versión de los hechos como si hubiesen ocurrido ayer.
Dijo que las Autodefensas Campesinas de Urabá ingresaron al territorio panameño y se tomaron las comunidades de Paya. Más de 200 paramilitares ingresaron a la comunidad de forma violenta, no había seguridad en la frontera, la policía panameña era bastante exigua allí, y los paramilitares acordonaron la comunidad. “Cinco líderes indígenas, cuatro de Paya y uno de Púcuro decidieron irse y hablar con los paramilitares, para cruzar Colombia y conversar con ellos allá”, mencionó.
“Entre ellos (los cinco indígenas cautivos) ya sabían que estos paramiliares los iban a matar, estaban claritos que los iban a matar; así que prefirieron ellos irse con la gente y sabiendo al final cuál iba a ser sus destinos. Cuatro de ellos fueron masacrados a punta de machetes y uno logró escapar porque lo dieron por muerto, se fue con el estómago abierto, agarró los intestinos en la mano y logró caminar”, relató el abogado de la COONAPIP, organización que defiende los derechos de los indígenas en el país centroamericano.
Reportes periodísticos de la época, informaron que los indígenas panameños Ernesto Ayala (cacique de Paya), San Pascual Ayala, Luis Martínez, Gilberto Vásquez (cacique de Púcuro) fueron las víctimas del infame ataque contra las humildes e indefensas comunidades. Víctor Alcázar, residente de Boca de Cupe, logró escapar de sus captores y dar aviso a la Policía Nacional de Panamá.
El pasado mes de enero de este 2020 se cumplieron 17 años de la masacre, producto de un conflicto interno de Colombia en la que ni Panamá ni mucho menos los humildes pobladores que viven cerca de la frontera, tienen nada que ver. Y aunque tal vez muchos panameños ya no se acuerden, el pueblo indígena, principalmente de Paya y Púcuro, se niega a olvidar sus muertos, y espera que después de tantos años, pueda darse en alguna medida algo de justicia.
Lo más importante, estos pueblos que habitan la frontera, muchas veces olvidados, esperan que este hecho repudiable no se vuelva a repetir, más aún cuando Panamá cuenta hoy con una fuerza fronteriza con más preparación y armamento, custodiando el difícil cordón fronterizo.
El abogado Huertas, junto al resto del equipo de juristas de la COONAPIP, están a la expectativa de lo que ocurra a partir del plazo que otorgó la CIDH a Panamá y Colombia, ya que en su momento –denunció-, “nunca hicieron absolutamente nada, han dejado a los compañeros en la intemperie. Muchas de las familias tuvieron que trasladarse por miedo”.
“Qué es lo que queremos, todos los años las comunidades de Paya y Púcuro están planteando una respuesta y no se los han dado. Ya es el momento que el Estado panameño y el Estado colombiano pueden hacerse unas mesa para dar, primero reconocer la violación de los derechos humanos, y una reparación justa y equitativa que incluya las tierras tanto individuales como colectivas”, concluyó.
