Mayín propone «prohibir al Estado usar albergues privados para menores”

“Yo conozco a una pareja que lleva siete años tratando de adoptar, a muchas parejas esta ley les pone tantas trabas, que simplemente abandonan el proceso y el principal perjudicado es el niño o adolescente sin adoptar”, indicó Correa.

Archivo. Diputada de CD, Mayín Correa. Foto: cortesía AN.

Ciudad de Panamá, Panamá. La diputada del opositor partido Cambio Democrático (CD), Mayín Correa propuso este miércoles, durante su participación en el debate de la Asamblea Nacional (AN), “prohibir al Estado el uso de albergues particulares para acogida de menores de edad, como si fueran mercancía dañada”.

Los planteamientos de Correa surgen en medio de un escándalo que sobrecoge a la opinión pública nacional por el descubrimiento de presuntas violaciones carnales de menores en albergues privados que reciben subsidios del Estado panameño.

La Diputada opositora, propuso, además, que “el Estado corte todo vínculo económico y jurídico con esos albergues. También, que se instale una mesa de trabajo con las instituciones relacionadas con el fin de reformar la ley general de adopciones basada siempre en el principio universal del interés del menor”.

“En 1990, Panamá se comprometió ante la Comisión sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas, a crear un sistema de garantías y protección integral de la niñez. Han pasado 30 años y ese sistema no existe”, advirtió Correa.

La Ley 61 del 12 de agosto de 2008, que dicta la Ley General de Adopciones de la República de Panamá, “guarda una relación muy estrecha con la tragedia que está pasando actualmente en los albergues. Esta Ley establece una serie de trámites burocráticos que en la práctica se convierten en un freno para una adopción efectiva”, explicó.

“Yo conozco a una pareja que lleva siete años tratando de adoptar, a muchas parejas esta ley les pone tantas trabas, que simplemente abandonan el proceso y el principal perjudicado es el niño o adolescente sin adoptar”, indicó.

La Diputada propuso reformar la Ley, para “buscar los mecanismos jurídicos que permitan que el proceso de adopción se lleve a cabo bajo el principio universal reconocido del “interés superior del menor”, puntualizó.

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