Ciudad de Panamá, Panamá. La diputada del opositor partido Cambio Democrático (CD), Mayín Correa, mediante un comunicado, aseguró este martes que existen motivaciones políticas en el veto del mandatario Laurentino Cortizo, a su proyecto de ley, aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional (AN), el cual sancionaba a los funcionarios que paralizan o dejan perder obras públicas en construcción.
Para Correa, “esto deja mucho que pensar”, reiterando que existen razones políticas” detrás del veto presidencial a una ley que sancionaría con penas de cárcel y multas a funcionarios que permitieran el deterioro y suspensión de obras públicas en construcción.
La iniciativa impulsada por la diputada Correa fue aprobada en tercer debate el 26 de agosto pasado. La ley fue enviada al Órgano Ejecutivo el pasado 7 de septiembre para su sanción de parte del Presidente, pero, fue objetado el 25 de septiembre, confirmó la diputada opositora en el comunicado.
Correa deploró que en el pasado gobierno del ex presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) se dejaron deteriorar y suspendieron un centenar de obras iniciadas durante la administración del ex mandatario Ricardo Martinelli (2009-2014).
“Estas obras (suspendidas) generaron sobrecostos que se han estimado por arriba de los mil millones de balboas que siguen en aumento y ahora están paralizadas”, dijo Correa.
El caso más dramático y repudiado por la ciudadanía es la suspensión de la construcción de la “Ciudad Hospitalaria” que se hizo urgente por la epidemia del COVID-19 en curso.
Comunicado al país de la diputada
En virtud de la objeción por parte del Órgano Ejecutivo, por inexequible e inconveniente, del “Proyecto de Ley 28 de 2020, Que adiciona disposiciones al Código Penal, relativas a la paralización de obras públicas”, quiero externar a la faz del país las siguientes consideraciones:
Es un hecho público y notorio, que a lo largo y ancho del país existen más de un centenar de obras que fueron paralizadas por el gobierno de Juan Carlos Varela, lo que le ha ocasionado pérdidas por más de mil millones de dólares.
Entre las obras paralizadas se encuentra la “Ciudad Hospitalaria “Ricardo Martinelli Pardini”, a la cual, el pasado gobierno, en un gesto de mezquindad sin límites paralizó de manera inconsulta, perjudicando a todo un país, ya que en este momento de pandemia por COVID-19, estas instalaciones de salud hubieran jugado un papel fundamental en la lucha contra este flagelo.
El “Proyecto de Ley 28 de 2020, Que adiciona disposiciones al Código Penal, relativas a la paralización de obras públicas”, tiene como norte castigar a quienes, de manera dolosa o culposa dejen perder obras públicas, que son construidas con dineros del pueblo panameño. El veto presidencial, es de corte político ya que revela una falta de compromiso del actual gobierno, por investigar los desgreños administrativos presentes y futuros.
Manifestamos nuestra voluntad de seguir luchando para que este proyecto sea Ley sea una realidad y se castiguen de una vez por todas a los funcionarios que despilfarran los dineros del pueblo panameño.
