Ciudad de Panamá, Panamá. La administración gubernamental de José Raúl Mulino adoptó el Plan Nacional de Implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, una estrategia que busca fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado y garantizar una atención más efectiva a niños, niñas y adolescentes, especialmente a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la medida fue oficializada mediante un Decreto Ejecutivo No. 13 de 12 de octubre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial del 23 de octubre de 2026. El documento establece las bases para poner en funcionamiento un sistema nacional que articule las políticas públicas, los servicios de protección y los mecanismos de respuesta institucional, en cumplimiento de la Ley 285 de 2022.
El plan contempla acciones dirigidas a mejorar la prevención de la violencia, fortalecer los mecanismos de protección frente al abuso y la vulneración de derechos, ampliar la participación infantil y promover el acceso a servicios esenciales como educación, salud y protección social. También busca reducir las desigualdades que afectan a la población infantil en comunidades rurales, indígenas y sectores de mayor vulnerabilidad.
Beatriz Carles de Arango, en su condición de ministra de Desarrollo Social, ha destacado la importancia de avanzar hacia un modelo de protección integral que permita superar la fragmentación institucional y garantizar respuestas oportunas. La estrategia reconoce que la protección de la niñez no puede recaer en una sola entidad, sino que requiere la participación coordinada del Gobierno, las autoridades locales, las organizaciones sociales, las familias y las comunidades.
Su puesta en marcha se desarrollará de manera progresiva mediante tres fases que incluyen la organización institucional, el fortalecimiento de capacidades, la adecuación de mecanismos de coordinación y la participación de actores nacionales, provinciales y comarcales.
El Plan establece líneas de acción relacionadas con la formación de funcionarios, la articulación multisectorial y la promoción de políticas públicas con enfoque de derechos, acompañadas de mecanismos de seguimiento y evaluación.
Con esta iniciativa, Panamá busca avanzar hacia un sistema de protección que no se limite a intervenir cuando los derechos de un menor han sido vulnerados, sino que priorice la prevención, la detección temprana de riesgos y la atención integral.
El desafío será traducir los compromisos establecidos en el plan en acciones concretas y sostenibles que permitan garantizar entornos seguros, inclusivos y protectores para la niñez y la adolescencia en todo el territorio nacional.
