TE advierte a Cortizo que “no hay condiciones para organizar pretendida consulta popular” solicitada

Los magistrados del TE llaman al diálogo para buscar soluciones pacíficas que devuelvan la paz social en el país.

En la imagen (de izq. a der.), los magistrados Eduardo Valdés Escoffery, Alfredo Juncá Wendehake y Luis Guerra. Foto: cortesía TE.

Ciudad de Panamá, Panamá. Tras el anuncio del mandatario panameño Laurentino Cortizo, en la noche de este domingo, en el que anunciaba que pediría al Tribunal Electoral (TE) la organización de una consulta popular el próximo 17 de diciembre del presente año, para que sea el pueblo panameño el que decida si aprueba o rechaza el contrato minero entre el Estado Y Minera Panamá, la respuesta a esta iniciativa ha llegado en menos de 24 horas.

Frente a la solicitud del presidente Cortizo, el TE explicó en conferencia de prensa el porqué no es viable dicha solicitud, partiendo del hecho de que, afirma el organismo electoral, “en estos momentos, no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular”.

“La solicitud planteada implica un esfuerzo adicional y paralelo al complejo proceso de organización de la Elección General del 5 de mayo de 2024, y para la cual la institución se ha venido preparando desde hace dos años”, señala el primero de los cuatro puntos, planteados por el pleno del TE, luego de escuchar las declaraciones del presidente Cortizo este domingo.

Resaltó el TE que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 406 que, de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria.

Asimismo, indica que la vinculación o no del resultado de dicha consulta y el cumplimiento o no de lo que en ella se decida, no es competencia del Tribunal Electoral, sino del solicitante.

Como cuarto punto, el TE precisó que no existe en la Constitución Política ni en el Código Electoral norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada; sin embargo, si una Ley, debidamente aprobada y sancionada, así lo ordenase, la institución quedaría obligada a convocarla y organizarla, sujeta al tiempo y a los recursos necesarios, siempre y cuando existan las condiciones para garantizar el ejercicio de todos los derechos políticos como son los de seguridad y libre movilización.

Por último, los magistrados del TE instaron a todas las partes involucradas en la presente crisis a dialogar y a contribuir con soluciones pacíficas y efectivas que le devuelvan la paz social a nuestro país.

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