Ciudad de Panamá, Panamá. Ante las protestas que se han mantenido por segundo día consecutivo en diversos puntos del país centroamericano en rechazo al contrato minero del Estado con Minera Panamá, el mandatario Laurentino Cortizo se pronunció al medio día de hoy, en cadena nacional, para hacer un llamado a la “cordura” y al respeto de las leyes e instituciones”.
“Los panameños podemos no estar de acuerdo, tener distintas opiniones. La democracia permite expresar esas diferencias, siempre dentro de un marco de respeto. Como Presidente, hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo, ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados. Como lo he reiterado en varias ocasiones, nadie está por encima de la ley”, advirtió el mandatario, al tiempo que defendió los esfuerzos de su gobierno plasmado en la consecución de un nuevo contrato con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
En ese sentido, Cortizo dejó claro que el tema minero, que mantiene hoy a varias organizaciones en las calles, no es un asunto que surgió en su administración, pero que sí le tocó a su gobierno atender.
“Cuando asumí el gobierno en el año 2019, Minera Panamá estaba operando en nuestro país, explotando y exportando cobre y sus minerales asociados, recalco, estaba operando y exportando nuestros recursos minerales. Para ese año, la empresa Minera Panamá tenía una inversión aproximada de 8 mil millones de balboas, generaba más de 7 mil empleos directos, 35 mil empleos indirectos y realizaba aportes significativos a la Caja de Seguro Social y a la economía nacional”, dijo.
Explicó que la citada operación minera se originó en 1991 con un Contrato de Concesión de Exploración. Luego, en 1997, es decir hace 26 años, se apruebó el Contrato Ley 9 para esa explotación minera.
Ocho años después, en el año 2005, el gobierno del expresidente Martín Torrijos (2004-2009) aprobó el nuevo plan de desarrollo que dio inicio a la construcción de la infraestructura minera.
Y cuatro años después, en el 2009, el gobierno de turno autorizó el inicio de la explotación comercial minera, dijo Cortizo.
Posteriormente, remarcó el mandatario, “el gobierno anterior al nuestro” (Juan Carlos Varela, 2014-2019) prorrogó por 20 años adicionales el contrato ley 9 de 1997, mediante un Resuelto Ministerial del 30 de diciembre de 2016, publicado a las 2:55 de la tarde, en vísperas de año nuevo. “Eso fue lo que encontró mi gobierno”, resaltó.
Cortizo prosiguió recordando que en el año 2021, producto de una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se formalizó la inconstitucionalidad del Contrato Ley 9, situación que puso a su administración frente a tres opciones.
Uno, el cierre de la operación minera, “vulnerando la estabilidad laboral y seguridad jurídica, con efectos negativos para la economía nacional, las finanzas públicas, con el riesgo de enfrentar graves demandas nacionales e internacionales contra el Estado panameño y lo más preocupante, con peligro de enormes daños ambientales causados por un cierre forzoso”.
Dos, “no hacer nada y presentar ante la Asamblea Nacional el mismo Contrato Ley suscrito con la empresa en 1997, tal como hizo el gobierno anterior al nuestro, a pesar que los términos y condiciones del mismo no son acordes con las mejores prácticas internacionales en la actualidad”.
“Y la tercera opción era enfrentar una negociación con la empresa minera. Tomamos la decisión correcta, no la más fácil. Luego de una difícil y complicada negociación por más de 2 años, se acordó en el 2023 un contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado Panameño, que garantiza mejores términos y condiciones para el país”, afirmó el mandatario.
Cortizo resaltó también que antes de lograr un nuevo contrato minero, en marzo del 2023, hace 7 meses, inició el proceso de consulta pública con la publicación del contrato en la plataforma Ágora, que permitió a la ciudadanía opinar acerca del contenido del contrato.
Por ello, el 3 de agosto de 2023 se sometió a consideración de la Asamblea Nacional (AN) el proyecto de ley que contiene los términos y condiciones, que ya eran de conocimiento público, acordados entre el Estado y Minera Panamá.
Mencionó que luego de “amplias consultas ciudadanas” en la Asamblea Nacional y en los Distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada, se retiró el proyecto de ley “en atención a las preocupaciones surgidas durante el periodo de consulta”.
Agregó que una vez incorporados los aportes sugeridos, el proyecto de contrato ley es presentado nuevamente a la Asamblea Nacional en octubre de 2023, siendo éste aprobado y sancionado en cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional.
“Panameñas y panameños, con el contrato ley aprobado se regula una operación minera ya existente desde hace años”, afirmó Cortizo, destacando que además de los beneficios propios de la actividad minera, se impactará positivamente el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social (CSS).
De acuerdo con el presidente, en materia ambiental, se logró incluir, entre otros aspectos, un plan de reforestación, un plan de cierre y post cierre de la mina, y la supervisión y fiscalización permanente, en el sitio, del cumplimiento de sus obligaciones contractuales en materia ambiental.
Por otro lado, cabe destacar que la Ley 11 de 2012 prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica y no metálica, y sus derivados en la Comarca Ngäbe Buglé. Esta ley está vigente, aclaró Cortizo.
“Pueblo Panameño, con el contrato ley 406 de 2023 estamos resolviendo un problema enorme, y sin precedentes, heredado por mi administración. Panamá está en pleno proceso de recuperación económica, pero los cierres de calles afectan la economía, impiden llegar a los puestos de trabajo, perturban la tranquilidad de la población, se pierden citas médicas, se dificulta la atención de pacientes en riesgo”, dijo.
“Todo esto afecta el comercio, las industrias, pequeños productores, los apoyos semanales a las Comarcas y la generación de nuevos empleos. Confío en la sensatez, prudencia y tolerancia de los panameños. Panamá es un gran país y todos tenemos que cuidarlo”, agregó.
