Avanzan consultas sobre cambio climático en su penúltima reunión

Castro manifestó que se han tenido avances significativos en las consultas a este proyecto, donde se han recibido propuestas sustanciales por parte de la sociedad civil…

Foto: cortesía AN.

Ciudad de Panamá, Panamá. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), diputada Corina Cano, informó hoy que, con un avance del 80% en su articulado, se prevé que, en la próxima reunión, se culmine con las consultas al proyecto de ley 942, que dicta la ley marco de cambio climático en Panamá.

De acuerdo con la diputada Cano, quien preside la subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo, se ha logrado avanzar en el tema de las articulaciones en las que están relacionadas las diferentes instituciones que serán las responsables de su ejecución.

Informó, que, en este proceso de consultas con todos los sectores involucrados en el tema, se han logrado modificar 30 artículos importantes, que incluyen las responsabilidades de las instituciones, las cuales son vitales para la operatividad y, así, lograr la efectiva ejecución de la ley.

Destacó que, entre los puntos más sensitivos dentro de esta norma, está el tema del financiamiento, debido a los apoyos que se requieren para promover todo lo relacionado con el cambio climático; de tal forma que les llegue a los ciudadanos que viven en los lugares más apartados del país.

Igualmente, señaló que, en la próxima reunión, la subcomisión espera recibir las observaciones del resto del articulado, que son cerca de 60 artículos, y las recomendaciones por parte del Ministerio de Ambiente, en cuanto a la incorporación del Tribunal Administrativo Ambiental que representa un aspecto importante de la ley.

Por su parte, la directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Ligia Castro manifestó que se han tenido avances significativos en las consultas a este proyecto, donde se han recibido propuestas sustanciales por parte de la sociedad civil.

Explicó que, a través de este proyecto de ley, se busca fortalecer la institucionalidad para que cada entidad pública pueda incorporar el cambio climático transversalmente en todo lo que realiza.

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