Ciudad de Panamá, Panamá. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado Leandro Ávila, abrió este jueves a un amplio debate la discusión del proyecto de Ley 625, que adopta la extinción de dominio de bienes ilícitos.
“Este es un proyecto de ley bastante complicado, por lo que se ha instalado una mesa técnica que analizará y discutirá artículo y por artículo, y debe darle a la comisión un proyecto ampliamente discutido con todas las modificaciones necesarias, a fin de adecuarlo al ordenamiento jurídico del país, llámese Constitución y demás códigos”, indicó Ávila.
Manifestó que la mesa técnica, que presidirá la diputada Corina Cano, será la encargada de la revisión del proyecto, en el que podrán participar sus proponentes del Ministerio de Seguridad, representantes de la Procuraduría General de la Nación, del Órgano Judicial, del Colegio de Abogados, entre otros.
“Esta es una buena oportunidad para que, a partir del próximo lunes 3 de abril de 2023, se pueda hacer un amplio debate, después que se dé un consenso y, posteriormente, se apruebe una ley que sirva para el combate del narcotráfico y el crimen organizado”, indicó Ávila.
El parlamentario dijo estar claro con el rechazo al proyecto del 99% de los juristas panameños, pero, reiteró, lo que se busca no es quién se opone a la propuesta de ley, sino qué mecanismo se busca para tener una ley que combata el crimen organizado.
Una subcomisión, que presidió el diputado Víctor Castillo, levantó un informe del proyecto de ley, con los inconvenientes de la propuesta, el cual aceptó la Comisión de Gobierno y luego se designó la mesa técnica.
El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, proponente del proyecto 625, destacó la importancia de darle tratamiento a este proyecto, el cual considera una pieza vital en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado.
Indicó que esta norma tiene como objetivo la recuperación de los bienes ilícitos, en favor del Estado, constituyendo un mecanismo de generación de ingresos, para financiar la prevención y la lucha contra la delincuencia, además, resarcir el daño causado a la sociedad, dándole una función social al bien cautelado.
