Ciudad de Panamá, Panamá. Una Subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), que preside la diputada Corina Cano, inició este lunes el análisis y discusión de cinco proyectos de ley que buscan eliminar o no los acuerdos de pena en delitos sexuales, mediante una modificación del artículo 220 del Código Penal, debate que continuará el próximo martes 13 de septiembre de 2022.
En la reunión de este lunes, que se realizó en el Salón B1, del Edificio Nuevo, participaron fiscales del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, abogados litigantes y el Movimiento Pro Familia, para debatir sobre si se deben o no eliminar los acuerdos de pena en delitos sexuales, cuyas víctimas sean menores de edad.
“Lo importante de esta reunión es que se están escuchando todas las partes involucradas, cuando se busca ese acuerdo de pena si es viable o no, en qué condiciones se dan o no, por qué ese acuerdo de pena debe considerarse como una solución del conflicto penal y los inconvenientes que hay en las víctimas”, indicó la diputada Cano.
Manifestó la parlamentaria que se está escuchando a todas las partes y se buscan puntos de equilibrio, porque la ciudadanía espera una respuesta de la Asamblea Nacional.
El movimiento Pro Familia propone eliminar los acuerdos de pena en delitos sexuales, por considerar que, en su aplicación, estos acuerdos permiten que se perpetren crímenes tan graves, que vulneran la libertad e integridad, y los implicados reciban penas tan ínfimas que no corresponden a la gravedad del daño causado, señaló el abogado Arturo Trelles.
En ese sentido, el abogado Víctor Orobio considera que la imputación y los acuerdos de pena hay que reformarlos tal como están, y opina que el artículo 220 del Código Penal puede ser instrumento de investigación por parte de las autoridades.
El Abogado Félix Paz, del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), dijo que la sociedad panameña pide a sus autoridades un castigo para todos estos casos de violación y delitos sexuales, respetando la presunción de inocencia tal como lo establecen los derechos humanos y la certeza del castigo.
El ex juez de La Chorrera, Rigoberto Acevedo, indicó que, según su experiencia, de cada 100 casos de delitos sexuales que se presentaban, unos 45 el Ministerio Público no podía probar por faltas de pruebas.
Cabe destacar que, tanto el Ministerio Público (MP) como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consideran que la disposición legal no debe ser eliminada porque muchos casos se han finalizado con el acuerdo de pena en delitos contra la libertad sexual, donde además se han condenado a los agresores.
