Ciudad de Panamá, Panamá. Este jueves, refrendado la objeción presentada por el Ejecutivo, el pleno de la Asamblea Nacional (AN) avaló, en tercer debate, eliminar el artículo 227 relacionado con una amnistía para el pago de multas impuestas por el Tribunal Electoral. La iniciativa pasará a las manos del Presidente Laurentino Cortizo una vez cumplido el Órgano Legislativo con su labor de aprobación.
El proyecto de Ley 544, de reformas al Código Electoral, no fue sancionado, ya que, a juicio del poder Ejecutivo, y luego de ser evaluado en todo su contexto el contenido del documento, solo indicó su observación en el artículo en mención.
De acuerdo con el informe del jefe de la Nación, el resto de lo aprobado, en las sesiones pasadas, no eran temas para el veto parcial o total, considerando que se daba un paso adelante respecto a las nuevas reglas del proceso de elección en el 2024.
CCIAP: Veto parcial del Órgano Ejecutivo a las Reformas Electorales es insuficiente
Por su parte, luego de mes y medio de reclamos ciudadanos con respecto al Proyecto de Ley 544 que contiene las Reformas Electorales, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) manifestó este jueves su inconformidad ante el veto parcial del Presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Para la CCIAP, lo anterior no solo justifica la no inclusión de avances propuestos por la Comisión Nacional de Reformas Electorales en cuanto a equidad, transparencia, rendición de cuentas y justicia, sino que tiende a trivializar la discusión como si se tratase de una confrontación de pareceres y no de intereses puntuales con consecuencias materiales para el futuro del país.
El gremio considera que los principales actores involucrados en este proceso– Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y Tribunal Electoral – unos por acción y otros por omisión o inacción han privado al sistema democrático panameño de la posibilidad de avanzar en temas trascendentales para su fortalecimiento, a saber, la asignación de curules en los circuitos plurinominales, paridad de género en las postulaciones y balance adecuado en el financiamiento público de las campañas políticas.
Previo a la aprobación del documento por la AN, luego de acogida la objeción del Ejecutivo, la CCIAP había advertido que, una vez se aprobara la ley tal y como se encuentra redactada, la Cámara de Comercio se sumaría a otros actores de la sociedad civil organizada con el fin de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
El gremio lamenta que una vez más los principales tomadores de decisiones del país desoigan la voluntad expresa de los ciudadanos de contar con un Código Electoral justo y equitativo, y sacrifiquen el bienestar común, a favor de intereses político-partidistas.
