Presentan denuncia penal por presunta “licitación a la medida” en AITSA

La denuncia está relacionada con una licitación que se realizó en el AITSA, para contratar los servicios de auditoría externa de esta empresa estatal para los años 2020, 2021 y 2222…

Abogado Eduardo Pineda. Foto: cortesía.

Ciudad de Panamá, Panamá. Este jueves se presentó una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) contra Raffoul Arab, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA), y  Juan Antonio Ducreux y Jorge Luis Almengor, presidente y secretario de la Junta Directiva de esta empresa estatal,  por el supuesto delito de corrupción de funcionario público “posiblemente cometido al incluir un requisito de último momento en el pliego que cargos de una licitación para contratar el servicio de auditoría externa que terminó favoreciendo a una de las empresas proponentes”.

El recurso fue presentado, específicamente ante una de las fiscalías anticorrupción,  por el abogado Eduardo Pineda, sustentándose en el artículo 345 del Código Penal, el cual indica que sanciona con dos a cuatro años a la persona que reciba dinero para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones.

La denuncia está relacionada con una licitación que se realizó en el AITSA, para contratar los servicios de auditoría externa de esta empresa estatal para los años 2020, 2021 y 2222, en la cual, reiteró el jurista, “se incorporó sorpresivamente un requisito que solo terminó cumpliendo la firma de auditoría Deloitte Inc, la cual finalmente se benefició con la adjudicación del contrato”.

Insistió en que el requisito añadido en el “último momento” consistió en pedirle a los proponentes que certificaran que habían realizado auditorías externas a empresas o entidades con ingresos mínimos de 300 millones de dólares y activos de 1,000 millones dólares durante los últimos cinco años.

En la denuncia penal, el abogado Eduardo Pineda pide que se investigue si la motivación para favorecer a uno de los proponentes de la licitación fue la entrega de dinero a cambio de la adjudicación de una licitación.

En sus argumentos, el jurista resalta el hecho de que el requisito en mención no estaba en el pliego de cargos original, sino que fue añadido por las autoridades de Tocume, S.A., en la Adenda No. 2, después de la segunda reunión de homologación entre la Comisión Evaluadora designada por el AITSA, y los cuatro proponentes: Deloitte Inc., Ernest & Young Limited Corp., BDO Audit, S.A., y Nexia Auditores Panamá.

Artículo 345 del Código Penal

“Será sancionado con prisión de dos a cuatro años el servidor público que, personalmente o por persona interpuesta, incurra en las siguientes conductas:

1.            Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja, para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones, o quien las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas.

2.            Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier ventaja o beneficio indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a sus obligaciones, o como consecuencia del acto ya realizado.”

Antecedente

Otro argumento utilizado en la denuncia penal sostiene que el mismo requisito, de pedirle que los proponentes certificaran haber realizado auditorías externas a empresas públicas o privadas con ingresos mínimos de 300 millones de dólares y activos de 1,000 millones, fue incorporado en una licitación del Metro de Panamá, realizada en julio de 2019.

En ese caso, hubo una impugnación que fue resuelta el 8 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), el cual sentenció de manera unánime que ese requisito “limita la participación en el acto público objeto de estudio de la mayor cantidad de interesados, en igualdad de condiciones, siendo contrario al principio de igualdad de los proponentes y libre concurrencia…”.

En ese fallo, el Tribunal de Contrataciones Públicas también ordenó al Metro de Panamá disminuir los parámetros referentes a los ingresos y activos con que deben contar las empresas o instituciones auditadas por los proponentes.

Redacción

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