MP, ANTAI y CGR intervienen ante nuevo escándalo en tiempos de COVID-19

No hay dudas que los equipos son necesarios y el tiempo para disponer de ellos también. Sin embargo, los precios por la compra, al igual que en otros casos que también se han dado en medio de la pandemia, es lo que ha quedado en el ojo de la tormenta, ya que, presuntamente, se adquirían los equipos a un valor unitario de casi 50 mil dólares.

Archivo. En reiteradas ocasiones, el presidente Laurentino Cortizo ha advertido que no permitirá “corrupción” en su administración. Una de esas advertencias, la realizó a mediados de enero de este año, durante un evento, en el que envió un mensaje a sus subalternos. «Aquel que se atreva, lo siento y lo pongo a cantar. Después que lo boto, lo llevo al Ministerio Público para que lo metan preso”. «Pónganme a prueba, a mí no me hicieron con leche condensada, no estoy aquí para hacerles el jueguito», fueron algunos de los señalamientos de Cortizo. Foto: cortesía Presidencia de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá. Un nuevo escándalo se ha desatado por la compra de ventiladores artificiales que serían utilizados para combatir el coronavirus que ya ha cobrado la vida de 154 personas en Panamá, donde se han confirmado, además, 5,338 casos de COVID-19, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud (MINSA) de este viernes, 24 de abril.

El propio gobierno anunció ese día, en un comunicado, que un total de “cien respiradores llegarán a Panamá en 10 días hábiles”.

No hay dudas que los equipos son necesarios y el tiempo para disponer de ellos también. Sin embargo, los precios por la compra, al igual que en otros casos que también se han dado en medio de la pandemia, es lo que ha quedado en el ojo de la tormenta, ya que, presuntamente, se adquirían los equipos a un valor unitario de casi 50 mil dólares.

La compra ha levantado toda clase de comentarios de rechazo, al igual que sendos pronunciamientos de entidades como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y, una vez más, de la propia Contraloría General de la República (CGR).

Justificación del Ejecutivo

El viernes, el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, en un comunicado, señaló que los respiradores se han vuelto el bien de mayor demanda a nivel mundial, mientras para el gobierno nacional “la prioridad” es la salud y la vida de los panameños.

Con esta introducción, mencionó que “las empresas fabricantes están conscientes de este hecho  los precios de un respirador portátil han pasado de entre  mil y 10 mil balboas en tiempo de paz a de entre 25 mil a 30 mil balboas”. “Estos nuevos costos no aseguran una entrega rápida; al contrario, la espera oscila entre tres y cuatro meses”.

Considerando que Panamá es uno de los países con menos tasa de mortalidad en la región, el gobierno calificó de “prioritario” contar con los respiradores par actuar estratégicamente y no llegar a un escenario en el cual no sean suficientes. “Panamá pidió un tiempo de entrega más rápida, de 10 días hábiles. La empresa se compromete a realizar la entrega en estos tiempos a un costo de B/.48,950 por respirador”, detalla el comunicado.

“Estamos en tiempos de guerra que requieren estas acciones. Estos equipos serán una inversión a futuro, al ser de dos modalidades (invasivo y no invasivo), pero además portátiles, lo que permitirá instalarlos en los nuevos módulos hospitalarios en zonas de difícil acceso”, acotó el gobierno en el comunicado.

PGN anuncia investigación y ANTAI pide explicación

Ante el tema, el Ministerio Público (MP) anunció una investigación de oficio por la supuesta irregularidad en la compra de 100 equipos de ventiladores ALLIED 300, para pacientes afectados por el coronavirus. El MP informó que la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación de oficio por la presunta comisión contra la administración pública, “luego de publicaciones al respecto realizadas e medios de comunicación social, donde se advierte de una posible afectación al patrimonio del Estado”.

Un boletín de prensa del MP señala que, de acuerdo con la información publicada, el monto total de la compra sería por el orden de B/.5.2 millones de balboas. “Dentro de los actos de investigación, el Ministerio Público solicita información a otras instituciones para conocer los detalles sobre el proceso de contratación, la empresa involucrada y los funcionarios a cargo de dicha compra”, agrega.

Por su parte, a través de su cuenta de twitter, la ANTAI informó que pedirá «un informe explicativo a @presidenciapma ante posible compra de cien respiradores a un costo de 48,000 dólares cada uno #PorUnPanamáTransparente».

Contraloría advierte que solo pagará “precio justo y razonable”

La CGR fue otra de las instituciones que se pronunció a través de un comunicado, advirtiendo que someterá a un proceso de auditoría la cuestionada compra y que sólo autorizará pagos por bienes y servicios que sean adquiridos a un precio “justo y razonable”.

“Para contribuir a la tranquilidad ciudadana sobre la cuestionada intención de compra directa de ventiladores artificiales, el contralor General de la República, Gerardo Solís comunica al país los siguientes puntos: (1) Que la intención de compra de 100 ventiladores AHP-300 por aproximadamente 5 millones de dólares,  no ha llegado aún para refrendo a la Contraloría General de la República”, fueron los primeros párrafos del comunicado de la CGR, desglosados en 6 puntos.

La CGR reafirmó que, sin excepción alguna, para este proceso se aplicará el mismo principio general que rige para toda acción de compra que pase por Contraloría y solo se pagarán bienes y servicios adquiridos a un precio justo y razonable.

“Que, específicamente en el caso de los respiradores artificiales, la Contraloría advierte que el proceso se auditará con la asistencia de las máximas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y el orden en el país de origen, incluyendo el costo de producción y de venta de esos ventiladores y los mecanismos de exportación, para garantizar a Panamá que solo se pague, reiteramos, un precio justo y razonable”, resaltó la Contraloría.

Agrega la institución que comprende que se intente pagar una prima por entrega inmediata, en virtud de la urgencia global a la que Panamá no escapa, pero “por encima de las circunstancias y cumpliendo a cabalidad con nuestra misión de fiscalizar, esa prima también será debidamente auditada para garantizar que no sea excesiva ni abusiva”.

Reitera la Contraloría que comprende la urgencia de garantizar los ventiladores artificiales a pacientes en estado crítico, sin embargo, por la misión que compete a la CGR “estamos  convencidos de que entre, mejor se gestionen los fondos durante esta pandemia, el Órgano Ejecutivo podrá llevar soluciones a más panameños necesitados”.

“Finalmente reiteramos que ni siquiera una situación de emergencia nos exime de la responsabilidad de salvaguardar con transparencia el buen uso de los bienes y recursos del Estado”, concluyó la CGR en su comunicado.

Caso de Ventiladores, no es el primero

A principios de este mes, igualmente en medio de la pandemia que enfrenta el país, la CGR frenó la compra de computaras que pretendía el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por un monto de B/.94,715.08.

En este caso la CGR informó que, luego de agotadas las investigaciones, no se ha refrendado ningún pago para adquirir equipos de cómputo y consumibles gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo el procedimiento especial contemplado por la Ley de Contrataciones Públicas, con fundamento en la declaratoria de emergencia nacional promulgada por el Órgano Ejecutivo el 13 de marzo del año en curso.

Por otro lado, el pasado 21 de abril, la ANTAI anunció un “examen administrativo”, específicamente a la licitación pública implementada de los procesos de almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos a nivel nacional.

La institución señaló que si bien es cierto, el pasado 16 de abril, el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, como transparencia proactiva, envió una nota a la ANTAI, pidiendo que la institución emitiera un criterio respecto a la transparencia en esta licitación pública, “cabe destacar que  la institución solicitó un informe explicativo sobre los criterios que motivaron la adjudicación del acto público y cómo fue todo el proceso de contratación pública, antes de emitir cualquier pronunciamiento al respecto”.

Igualmente, la ANTAI solicitó un informe de todo lo relacionado con los viajes de los miembros de la Junta Directiva de la CSS a México, relacionado con la información publicada por diferentes medios de comunicación social al respecto de la referida licitación.

En tanto, en el caso más reciente, la Contraloría anunció este viernes, 24 de abril, la sanción administrativa de una funcionaria de la institución por su “manejo” en una compra de la Asamblea Nacional (AN), con la que se pretendía adquirir mascarillas a un precio de B/.2.50 la unidad.

Sobre este hecho, el contralor Gerardo Solís, citó al Director Nacional de Fiscalización y a la fiscalizadora de la CGR en la AN a quien, luego de rendir su informe, se le comunicó de la suspensión por tres días de sus funciones como “sanción administrativa”, ante el manejo en la compra de 7 mil mascarillas para uso del Órgano Legislativo.

Redacción

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